Coalición defiende ley que protege a trabajadores de la construcción
El Diario - April 16, 2014, by Mariela Lombard - Más de una veintena de organizaciones comunitarias y sindicatos se han...
El Diario - April 16, 2014, by Mariela Lombard - Más de una veintena de organizaciones comunitarias y sindicatos se han unido en una coalición para presionar para que no se reforme una legislación que protege la seguridad de los 1.5 millones trabajadores de construcción del estado de Nueva York.
Este mismo lunes un obrero cuya identidad aún no ha sido divulgada murió después de caerse de un andamio situado en una zona de construcción cercana a Penn Station, en Manhattan. Es la segunda muerte de este tipo que sucede este mes en la ciudad, después de que otro trabajador falleciera el pasado 2 de abril por la misma causa mientras laboraba en unas obras en el New York Dream Hotel de la calle 55.
“Estos trágicos accidentes demuestran por qué se deben mantener los más altos estándares de seguridad para los trabajadores de construcción”, dijo Valeria Treves, directora de la organización pro inmigrante NICE, que funciona también como centro de jornaleros. “La seguridad es especialmente importante para los trabajadores inmigrantes, porque muchos de ellos nos reportan que les encargan las tareas que más riesgo conllevan”.
De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, el 60% de los obreros del estado que murieron por caídas en el trabajo entre 2003 y 2011 eran hispanos y/o inmigrantes. En la ciudad de Nueva York la cifra fue aún mayor, llegando al 74%.
Peter Ward, presidente de HTC, sindicato que agrupa a los trabajadores de hoteles, criticó a contratistas y compañías de seguros “sin escrúpulos” por estar cabildeando en Albany para reformar la conocida como “Ley de Seguridad del Andamio” (Scaffold Safety Law), alegando que eleva demasiado los costes de construcción y va en perjuicio de la creación de puestos de trabajo.“
Quieren que sea la responsabilidad de los trabajadores el mantener un lugar de trabajo seguro. La actual ley pone la responsabilidad donde corresponde: en los contratistas, que deben asegurarse que todo trabajador tenga el equipo correspondiente”, enfatizó Ward.
La ley obliga a empleadores y compañías de construcción a proveer equipamiento y entrenamiento de seguridad a todos sus empleados. Eso pretende evitar casos como el del obrero Cresencio Pantoja, quién hace siete años salvó la vida de milagro cuando se precipitó al vacío desde una altura de 23 pies mientras renovaba la fachada de una escuela de El Bronx, por no contar con un arnés de seguridad.
“Mi jefe estaba más preocupado de que se hiciera rápido el trabajo que de la seguridad de sus empleados. Muchos otros trabajadores tampoco tenían arneses de seguridad”, dijo Pantoja, que estuvo cuatro días en coma después del accidente y aún no ha podido volver a trabajar por las heridas. Se mantiene desde entonces con la indemnización que recibió de la constructora, uno de los derechos que garantiza la actual ley.
Otro participante en la coalición es el sindicato SEIU 32BJ, que representa a 120,000 trabajadores de servicios.
“Decenas de miles de hombres y mujeres, muchos de ellos inmigrantes, arriesgan su vida construyendo y reparando nuestra ciudad. Limpiar ventanas o trabajar en un andamio es muy peligroso”, señaló el presidente de la unión, Héctor Figueroa. “No entendería que nuestros funcionarios convirtieran este trabajo en algo aún más peligroso quitando las protecciones de la Ley de Seguridad del Andamio”.
Gary LaBarbera, presidente del Concejo de Construcción de Nueva York, apoya otra legislación introducida en la Asamblea y el Senado Estatal, denominada Ley de Transparencia de Seguros para Construcciones de 2014, que también dice ayudaría a mejorar la seguridad de los obreros.
“Esta ley deja abiertos los datos de los asegurados que nos permitirá analizar de forma transparente esta situación y encontrar soluciones para reducir los costos sin dejar de mejorar la seguridad”, señaló.La coalición ha lanzado una página web para llamar la atención sobre su causa: www.scaffoldsafetylaw.com.
Qué es la Ley de Seguridad del Andamio y qué protecciones ofrece a los trabajadores de construcción
La ley tiene su origen en 1885, cuando se empezaron a construir los grandes rascacielos en la Ciudad de Nueva York. Especifica que los contratistas y los dueños de las propiedades deben asegurarse de que los andamios, montacargas y otros dispositivos utilizados en laconstrucción y reparación de edificios, sean montados y operados de manera que se proteja la integridad de las personas empleadas para la tarea.
Cuando se producen heridas y muertes por la violación de estos términos, la ley dice que los contratistas y dueños son los únicos responsables y deben indemnizar a los perjudicados.Aquellos que quieren reformarla reclaman que se incluya una enmienda para que un jurado o árbitro judicial decida en cada caso si el pago por daños tiene que ser menor si se determina que también ha habido negligencia por parte del trabajador a la hora de seguir los procedimientos de seguridad. Estos opositores denuncian que la formulación actual de la legislación dispara los costos de los seguros.
Denuncie la falta de seguridad
Si un trabajador de la construcción observa fallos en las medidas de seguridad, el primer paso que recomiendan las organizaciones laborales es hablar con otros compañeros y reportarlo en grupo al supervisor. Si el supervisor no hace nada por solucionarlo, el siguiente paso es presentar una queja a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para que lleve a cabo una investigación.
La queja se puede presentar en español rellenando un formulario online (www.osha.gov) o llamando al 1-800-321-OSHA para localizar la oficina más cercana.
Todos los empleados de construcción, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a la seguridad en el lugar de trabajo.
Source
Activists to SEC’s White: Step aside on audit regulator appointment
A national coalition of 14 organizations told Mary Jo White, chairwoman of the Securities and Exchange Commission, to...
A national coalition of 14 organizations told Mary Jo White, chairwoman of the Securities and Exchange Commission, to take herself out of the selection process for the next chair of the Public Company Accounting Oversight Board, the audit regulator.
In a letter sent on Thursday the signers said they believe there’s a conflict of interest created by her decision on an issue that will impact her family’s income. That’s because John White, her husband, is a member of the PCAOB’s Standing Advisory Group, selected by the board of the PCAOB, who are in turn chosen by the SEC and White.
The conflict has existed ever since White was approved as SEC chairwoman. Her spokeswoman told MarketWatch in September that her husband’s role in the PCAOB group was reviewed when she first took the job, and then again when the first PCAOB board appointment during her tenure was required. The conflict rose to the surface in early September, when Bloomberg reported that White was considering potential candidates to replace PCAOB Chair James Doty.
Doty has signaled he would like to return for another term but his industry reform-minded tenure has caused some, including at the SEC, to criticize his tenure. Critics say progress on the “nuts and bolts” of the agency is slow because of Doty’s preoccupation with larger industry-level initiatives focused on greater accountability and transparency for auditors and audits.
Bloomberg’s coverage of the conflict, and White’s admission that she was shopping for alternatives to Doty, led John White’s law firm, Cravath, Swaine & Moore, to remove marketing-type references to White’s position on the SAG from its website the following day, as reported by MarketWatch.
The organizations are the Alliance for a Just Society, American Family Voices, Campaign for America’s Future, Center for Effective Government, Center for Popular Democracy, Community Organizations in Action, Communications Workers of America, Democracy for America, Main Street Alliance, The Other 98%, Public Citizen, RootsAction, Rootstrikers and MoveOn.org Civil Action.
Source: MarketWatch
Compasión para las madres migrantes
El fallido sistema inmigratorio de nuestro país tiene muchas víctimas. Los estudiantes que quieren ir a la universidad...
El fallido sistema inmigratorio de nuestro país tiene muchas víctimas. Los estudiantes que quieren ir a la universidad y no pueden pagar para seguir estudiando. Los trabajadores de granjas y fábricas sometidos a abusos por sus empleadores, quienes les roban parte del sueldo en cada cheque de pago. Los soldados que luchan por Estados Unidos en el extranjero y, tras su retorno, no tienen acceso a beneficios.
Además tiene un impacto diario en madres, padres y niños que deben enfrentar un sistema que no funciona para ellos y, en muchos casos, los perjudica de manera directa.
En Pensilvania, 22 de dichas madres se declararon en huelga de hambre esta semana para protestar una detención ilegal que hasta ahora dura varios meses más de lo prometido. Esta semana, sus partidarios llevaron el caso directamente al presidente Obama al manifestarse fuera del recinto en Martha’s Vineyard donde la primera familia pasa sus vacaciones.
Muchas de las madres llevan detenidas hasta un año en el Centro Residencial del Condado de Berks. Conforme a un dictamen del año pasado, no se permite detener a los migrantes más de aproximadamente 20 días, a no ser que representen una amenaza de seguridad. Usualmente, las familias transferidas a Berks han agotado las opciones para oponerse legalmente a su confinamiento y enfrentan la posibilidad de ser deportadas. No obstante, el año pasado, a muchas de las familias en Berks se les otorgó el derecho de renovar sus solicitudes de asilo. Desde entonces, se les ha mantenido en un limbo, sin poder salir de las instalaciones a pesar de repetidas solicitudes de sus abogados.
La experiencia ha tenido un impacto insoportable en los niños, algunos de ellos de apenas dos años, a quienes se mantiene tras las rejas con sus mamás, las autodenominadas Madres de Berks. Los sicólogos que han visitado Berks han observado en ellos indicios de depresión y retrasos en el desarrollo del habla y la cognición. Muchos niños han contemplado suicidarse.
Como si eso fuera poco, el Centro Residencial del Condado de Berks ha sido criticado repetidamente por condiciones infrahumanas, y se denuncian casos de agresión sexual y negación de atención médica para niños. Pensilvania revocó este año la licencia del centro, pero este sigue operando mientras apela la decisión.
Las Madres de Berks son un ejemplo extremo, pero representan a todos los migrantes que sufren por la falta de claridad con respecto a la situación legal de quienes vienen a este país. Hasta que los legisladores hagan algo al respecto y creen un sistema inmigratorio que funcione, miles seguirán pagando el precio. Ante eso, el gobierno del presidente Obama debe tener compasión con las familias en Berks y, mientras se determina su estatus, les debe dar a los niños la oportunidad de vivir en libertad.
-Shena Elrington es directora de derechos de inmigrantes y justicia racial en el Center for Popular Democracy
Source
How Much Do U.S. Cities Spend Every Year On Policing?
Over the past three decades, U.S. cities have allocated larger and larger shares of their budgets towards law...
Over the past three decades, U.S. cities have allocated larger and larger shares of their budgets towards law enforcement. Today, the U.S. collectively spends $100 billion a year on policing and a further $80 billion on incarceration. Even though crime levels have dropped substantially over the last 30 years in line with the spending uptake, a report released last month argues that this occurred in spite of higher police budgets. Compiled by The Center for Popular Democracy, Law for Black Lives and the Black Youth Project 100, the report makes the case that investment in mental health, housing, youth development and living wages would stabilize communities and prove more effective than policing.
Read the full article here.
Dallas Fed Struggles to Fill Fisher’s Big Shoes
The Federal Reserve Bank of Dallas is taking its time picking a new president, leaving the position vacant for more...
The Federal Reserve Bank of Dallas is taking its time picking a new president, leaving the position vacant for more than four months and leaving the institution without a strong public voice at a time of intense debate over when the central bank should start raising interest rates.
Former president Richard Fisher stepped down March 19, leaving the bank’s first vice president Helen Holcomb to serve as interim president. His exit was long anticipated: he faced mandatory retirement due to his age. The bank formally announced Mr. Fisher’s impending exit in November. Executive search firm Heidrick & Struggles was tapped to find a successor.
Other regional Fed banks, in contrast, have filled their top vacancies more briskly in recent years. For instance, Philadelphia Fed President Charles Plosser retired March 1 and his replacement, Patrick Harker, was announced the next day.
The duration of the Dallas vacancy has surprised many central bank watchers. Some of them say the bank’s board of directors appears to want a clone of Mr. Fisher—a strong voice on major issues with deep ties to the Lone Star state.
“It’s beyond bizarre” a new president hasn’t been named yet, said Danielle DiMartino Booth, who served as a close adviser to Mr. Fisher when they were both at the bank. Ms. Booth, who left the Dallas Fed in June and is now a strategist with the Liscio Report, said what the bank appears to want is a rare commodity.
“Richard Fisher rose to the status of being a deity in Texas,” Ms. Booth said. “People associate the success of the state” with him, and it is “very difficult” to find a new leader who can maintain that sort of profile, she said.
The Dallas Fed responded to questions about the search process by producing a description of what the bank seeks in a new leader. It said candidates should have “recognized stature” in economics and finance and preferably hold a Ph.D. The “ideal candidate will exhibit a strong combination of economic/market/policy expertise, integrity (and willingness to satisfy financial interest and disclosure requirements), leadership, communication skills, interpersonal skills, and community involvement,” it said.
Before joining the Dallas Fed, Mr. Fisher was a wealthy hedge-fund operator and diplomat. He was known for a brash public style as president. He made his case against the Fed’s easy money policies in speeches invoking high and pop culture, warning repeatedly about frothy financial markets and arguing in vain for higher interest rates.
His predecessor Robert McTeer, operating under the nickname of the “Lonesome Dove,” was known for opposing rate rises—sometimes via haiku.
The Dallas Fed has “a tradition of having an outspoken leader,” said Ethan Harris, chief economist at Bank of American Merrill Lynch.
Those with knowledge of the process say the Dallas Fed is seeking a replacement who will carry on that tradition.
Heidrick & Struggles didn’t respond to questions about the search process.
The Dallas Fed president is chosen by the bank’s board of directors, subject to approval by the Federal Reserve’s Washington-based board of governors. The Dallas board members drawn from the financial industry are prohibited by law from participating in the search. The other Dallas board members who are involved declined to comment.
In recent years, regional Fed bank presidents have tended to be insiders. For example, San Francisco Fed President John Williams was previously the bank’s research director. Cleveland Fed President Loretta Mester was previously research director at the Philadelphia Fed. Mr. Harker served on the Philadelphia Fed’s board before taking the top job. Now, only current Atlanta Fed chief Dennis Lockhart had no formal connection to the central bank before joining. Mr. Fisher was the rare bird who came in cold.
“Recent history has shown that the regional banks conduct a thorough and broad review of candidates that almost exclusively ends with the insider being selected,” said Aaron Klein, director of the financial regulatory reform initiative with the Bipartisan Policy Center in Washington.
Mr. Harris said central bank insiders, shaped by a Fed culture that often rewards a gray public persona, tend to lack the dramatic flair of the past two Dallas Fed chiefs.
Some critics from labor unions and local community groups say they are disappointed by the lack of openness surrounding the selection process given that the regional Fed bank presidents are government officials who participate in important central bank policy decisions.
“We are very disappointed in what we’ve run into” trying to have a voice in the process, said Mark York, secretary-treasurer of the Dallas AFL-CIO. He said a letter from the union and other local groups asked for names under consideration to be made public in a bid to allow the public to weigh in, among other requests.
That said, not all think the bright light of transparency is a cure all. Lou Crandall, chief economist for Wrightson ICAP, said wanting to know more about the process is a “fair point.” But he warned “you don’t want a lot of public jockeying over this.”
Source: The Wall Street Journal
A Victory for Smarter, More Effective Policing
Huffington Post – September 9, 2013, by Brittny Saunders - On August 22, the New York City Council took the final step...
Huffington Post – September 9, 2013, by Brittny Saunders -
On August 22, the New York City Council took the final step toward enacting the Community Safety Act (CSA), overriding Mayor Bloomberg’s recent veto and striking a blow against stop-and-frisk and other discriminatory NYPD tactics. This is more than a win for those who have fought hardest for the CSA. It’s a victory for everyone who wants smarter and more effective policing — in NYC and beyond.
In June, the Council approved two CSA measures: the “End NYPD Discriminatory Profiling Bill,” which will expand and strengthen the ban on bias-based policing and the “NYPD Oversight Act,” which will create a new Inspector General to provide independent oversight of the Department. Despite the Mayor’s rejection of the bills and weeks of aggressive advocacy by the administration and its surrogates, the Council re-affirmed its decision recently.
The hard-won victory is due to the tireless efforts of Communities United for Police Reform — a coalition of base-building, legal and policy groups in the City — their allies in the Council and the countless New Yorkers who raised their voices in opposition to discriminatory policing. It also amounts to a repudiation of a set of policies and practices that the Bloomberg administration has vehemently defended, even in the face of statistical evidence undermining their claims and growing concern among members of the public.
The basic facts are undisputed. Under Mayor Bloomberg, NYPD officers have made over 4 million stops on the streets of the city. Over 80 percent of those stops have targeted black or Latino New Yorkers. And in nearly 9 out of 10 cases, there has been no accusation of wrong-doing — no arrest was made and no citation was issued. Where the Mayor and Commissioner Kelly have set themselves against the opinion of growing numbers of New Yorkers is on the legality of these stops. Both Mayor Bloomberg and Commissioner Kelly have maintained that the city’s use of stop-and-frisk is consistent with what the law requires and that these stops are an essential means of keeping the city safe. Advocates, meanwhile, have challenged both the constitutionality and the effectiveness of these stops, arguing that they are neither responsible for the decline in the city’s crime rates nor particularly effective at removing weapons from the city’s streets. Just over a week ago, federal judge, Shira A. Scheindlin, agreed, declaring the NYPD’s racially discriminatory stop-and-frisk practices unconstitutional in her decision in Floyd v. City of NY.
The sheer volume of stops conducted, the magnitude of the city’s investment in these tactics and the intensity of Mayor Bloomberg’s commitment to them have, unfortunately, established New York City as a poster child for discriminatory policing. And to some degree, the persistence of such discriminatory tactics in New York — long an innovator in public policy — has legitimized these approaches. The administration’s failure to evolve in this respect has reinforced the message that both Bloomberg and Kelly have made fairly explicit: that it is impossible to preserve public safety while also respecting the rights of all residents. For over a decade, they have asserted through words and actions that even the most sophisticated police force in the nation is incapable of doing things differently. Even with billions in funding and what are purported to be the greatest public safety minds in the nation at its disposal, the Department has been unable to break with a shameful history of subjecting people of color and other historically marginalized groups to invidious forms of social control.
New York’s recent move to reject discriminatory policing, however, contains a lesson for elected leaders everywhere. Put simply, in the 21st century, outdated notions of government accountability must expand. The Bloomberg administration’s efforts to defend the NYPD’s stop-and-frisk practices are, perhaps, most instructive when understood as a failure to deal with this fact. Local leaders must, of course, safeguard the rights and attend to the needs of all constituents, regardless of their numbers. But in a city with large numbers of black, brown, immigrant, homeless and LGBTQ residents, the unsustainable nature of policies that subject members of these and other groups to regular surveillance, harassment and civil rights violations should have been exceedingly clear. Still, over the last ten years, the administration has missed countless opportunities to shift course because it has ignored a sizeable chunk of its constituents. It has overlooked, for example, how unjustified street stops undermine trust between the police force and the next generation of New Yorkers, a puzzling choice for an administration that claims to be interested in keeping the city safe over the long term.
With the Council’s most recent vote and implementation of the CSA imminent, the city is poised to set precedent for how large urban centers can both enforce the law and respect the constitutional rights of all residents. And the prospect of a new local executive makes this a particularly hopeful moment. If the upcoming election brings with it a mayor who aims to be a leader for all New Yorkers, the city may at long last step into the leadership role it should always have occupied, demonstrating what local government can produce when it holds itself accountable to all constituents.
Source
Protesters Press Diversity Case as New York Fed Seeks New Chief
“Fed up, we can’t take it no more!” chanted a group of about 50 green shirt-clad members of Fed Up, a grass-roots...
“Fed up, we can’t take it no more!” chanted a group of about 50 green shirt-clad members of Fed Up, a grass-roots advocacy campaign that has received backing from Facebook billionaire Dustin Moskovitz. Fed Up is pushing central bankers to keep focused on creating more jobs. America’s unemployment rate is at its lowest since late 2000. But when Fed Up’s members look at the labor market, they see the people that they say the central bank has overlooked. That’s why they and other progressives, including Democratic lawmakers, are pressing the New York Fed to consider a diverse slate of candidates as it weighs replacements for its president, William Dudley, who plans to step down this year.”
Read the full article here.
Risking Public Money: Illinois Charter School Fraud
Best Practices to Protect Public Dollars & Prevent Financial Mismanagement...
Download the full report
Executive Summary
In 2010, fourteen years after Illinois passed its charter school law, the U.S. Department of Education raised a red flag about the state’s oversight of fiscal controls at its charter schools, finding that the state “has no system in place for monitoring [charter schools].” Four years later, this problem continues. To date, $13.1 million in fraud by charter school officials has been uncovered in Illinois. Because of the lack of transparency and necessary oversight, total fraud is estimated at $27.7 million in 2014 alone. Our research uncovered three fundamental flaws with the state’s oversight of charter schools:
Oversight depends heavily on self-reporting by charter schools, or by whistleblowers. Illinois oversight agencies rely almost entirely on complaints from whistleblowers and audits paid for by charter operators. Both methods are important to uncover fraud; however, neither is a systematic approach to fraud detection, nor are they effective in fraud prevention. General auditing techniques alone do not uncover fraud. The audits commissioned by the charters and provided to Illinois oversight agencies use general auditing techniques, not those specifically designed to uncover fraud. The current processes may expose inaccuracies or inefficiencies; however, without audits targeted at uncovering financial fraud, state and local agencies will rarely be able to detect fraud without a whistleblower. Adequate staffing is necessary to detect and eliminate fraud. We found evidence that the government agencies tasked with investigating fraud are severely understaffed, which is prohibitive to conducting high quality, time-intensive audits of any type.We propose the following targeted reforms of the existing oversight structure to remedy these flaws:Mandate Audits Designed to Detect and Prevent Fraud
Charter schools should institute an internal fraud risk management program, including an annual fraud risk assessment and audits that specifically investigate high-risk areas; Charter schools should commission audits of internal controls over financial reporting that are integrated with an audit of financial statements; Existing oversight bodies should perform targeted fraud audits focused on areas of risk or weakness through the annual fraud risk assessments; and Auditing teams should include members certified in Financial Forensics trained to detect fraud.Increase Transparency & Accountability
All annual audits and fraud risk assessments should be posted on the websites of charter school authorizers, typically the local school system; Charter authorizers should create a system to categorize and rank charter audits by fraud risk levels to facilitate transparency and public engagement; Charter schools should voluntarily make the findings of their internal assessments public; Charter school authorizers should perform comprehensive reviews once every three years; The Attorney General’s office should conduct a review of all charter schools in Illinois to identify inadequate school oversight by boards of directors or executives and publicize the findings; and The state should impose a moratorium on new charter schools until the state oversight system is adequately reformed.Despite the possibility of almost $30 million lost to fraud in the last year alone, charter schools continue to experience unprecedented growth. Since 2003, charter school enrollment in Illinois has grown by 680 percent. Illinois students, their families, and taxpayers cannot afford to lose a dollar more in public funds as a result of fraud, misspending, or misdirection within the charter school system. The reforms proposed herein require a smart investment and a commitment to the future of Illinois’ youth and all its communities.
Download the full report
Thousands Today Say #WeRise To Reclaim Government For The People
Campaign for America's Future - March 11, 2015, by Isaiah J. Poole - At the office of Illinois Gov. Bruce Rauner, more...
Campaign for America's Future - March 11, 2015, by Isaiah J. Poole - At the office of Illinois Gov. Bruce Rauner, more than 2,500 demonstrators, most wearing white “We Rise” T-shirts, staged a protest against cuts in Medicaid and other social services. In Albany, N.Y., more than 2,000 people marched to the state capitol to protest education funding cuts. In Denver, dozens of activists came out in support of immigration rights measures, including driver’s licenses for undocumented workers.
These are just a few of the dozens of actions that took place in 16 states today as part of “We Rise: National Day of Action to Put People and Planet First.” Local and national progressive organizations mobilized around different aspects of a common agenda that stood in opposition to the right-wing and corporatist policies pushed through state legislatures in these states. The actions were all broadcast under the Twitter hashtag “#WeRise.”
“What we saw today was a stirring of the democratic spirit,” said Fred Azcarate, Executive Director of USAction. “People are upset at elected officials who spend more time working for big corporations and wealthy campaign donors than representing the people they were elected to serve. Today, people rose up to reclaim government and demand that legislators work for them and their families.”
The states where We Rise demonstrations were organized also include Arizona, Georgia, Idaho, Kansas, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania and Wisconsin. The events were led by groups affiliated with National People’s Action, Center for Popular Democracy, USAction, and other allies.
“Apparently conservatives believe they have a mandate to give big corporations another free ride on the backs of everyday people,” said George Goehl, Executive Director of National People’s Action. “But they’re wrong. They have no such mandate. Instead, as we can see in the resistance to draconian policy or Chuy Garcia’s campaign to unseat Rahm Emanuel as Mayor of Chicago, there is a new brand of populism taking root in America. People are fed up with politicians doing the bidding of big money. They’re ready for leaders who will work for, not against, people and the planet.”
“Politicians working primarily on behalf of big corporations are making it harder and harder for families to get by,” said Ana María Archila, Co-Executive Director of The Center for Popular Democracy. “Our families won’t stand for this, and today thousands of workers and families raised our voices in state houses across the country to demand that elected officials join us in leveling the playing field so that each and every family can thrive.”
The Campaign for America’s Future is working with two of the organizations behind today’s “We Rise” events, National People’s Action and USAction, in sponsoring the “Populism2015″ conference in April, with the Alliance for a Just Society. One goal of that conference is to build political momentum from today’s events around a populist progressive agenda “for people and the planet.” Register for the April 18-20 conference in Washington through the Populism2015 website.
Two Cook County commissioners proposing county I.D. card
Two Cook County commissioners proposing county I.D. card
A few weeks after the City Council approved the creation of a new municipal identification card, two Cook County...
A few weeks after the City Council approved the creation of a new municipal identification card, two Cook County commissioners on Wednesday introduced plans for a similar card in the county.
And like the city’s program, the Cook County version is aimed, in part, at people who are living in the county illegally.
Read the full article here.
6 days ago
6 days ago